Artículo publicado en Mural
Luego de la experiencia traumática de las elecciones de 2006 que pusieron en crisis la legislación electoral y las instituciones responsables de su aplicación en los procesos electorales, que obligó a la reforma de la primera y a la recomposición del Consejo del IFE incluida la destitución del anterior presidente, se pensaba que los cambios realizados garantizaban que los procesos electorales por venir se desarrollarían en condiciones tales, que privilegiarían el debate democrático entre los diversos candidatos en un contexto de observancia a la ley y una competencia caracterizada por la equidad entre sus participantes. De ahí que la nueva reforma se enfocara expresamente a regular aspectos relacionados con el desarrollo de las campañas.
En efecto, el principal cambio en la legislación electoral, derivado de la importancia que los medios masivos desempeñan en las contiendas electorales, fue la definición de una estricta regulación sobre el acceso y la distribución de sus espacios publicitarios a los partidos: la administración por el IFE de la publicidad audiovisual utilizando el tiempo del Estado y la prohibición expresa a los partidos políticos de contratar publicidad en las empresas de medios. Además se recortaron sustancialmente los tiempos de campaña (60 días para elecciones federales legislativas) y se establecieron lineamientos precisos sobre las características de la publicidad gubernamental en tiempos de campaña.
Algunas consecuencias del impacto de esta legislación se advierten en el desarrollo de de las campañas en el actual proceso electoral. A pesar que resulta prematuro realizar una evaluación global, si se advierten algunas repercusiones sobre éstas.
Entre las positivas destaca que al impedir la contratación del espacio publicitario en los medios audiovisuales a los partidos políticos, se erradicó de la contienda mediática la spotización salvaje que inundaba los espacios publicitarios de los medios audiovisuales. Los tres minutos por hora, dedicados a los partidos, nada tiene que ver con la saturación de este tipo de mensajes, que en pasadas contiendas nos propinaban las empresas de medios. Otro aspecto positivo se deriva de la prohibición de colgar estandartes o posters en los postes y otros objetos del equipamiento urbano, erradicando la contaminación visual.
Sin embargo, los partidos, han resentido el impacto de la reforma. Despojados del control del espacio mediático publicitario, en el que centraban su estrategia de campaña, se han visto incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones y generar nuevas formas de comunicación política hacia los electores. Se observa el resurgimiento de las herramientas tradicionales. Las bardas y sobre todo los espectaculares dominan el campo de la comunicación visual. El perifoneo se hace presente en los barrios populares, pero también en las zonas residenciales mediante camionetas que portan sendos espectaculares. Los grupos de activistas, armados con trípticos, volantes y pegas se han multiplicado en las esquinas. Caravanas de escasos vehículos transitan desplegando las banderas por las vías más transitadas. Incluso algunos candidatos sensibles a las nuevas tecnologías y conscientes de su alcance masivo incursionan en el internet. Sea con páginas propias, que suelen ser visitadas solo por sus partidarios leales, sea, imitando a Obama en el uso las redes sociales como Facebook.
Lo que no ha cambiado a pesar de la prohibición expresa del artículo 233, es la irrupción de la propaganda negar como arma de campaña. A diferencia de la campaña de contraste e incluso de la publicidad negativa, que forman parte de la estrategia de comunicación, la guerra sucia que se materializa en libelos anónimos, en videos difundidos por la red o en desplegados periodísticos a plana entera, degrada irreversiblemente el nivel de la contienda política.
Utilizada extensivamente por el partido oficial en el viejo régimen priista, se ha convertido desde el 2006 en el arma preferida de los estrategas panistas. Pero también es el instrumento del fanatismo a ultranza que mediante la destrucción del otro, pretende imponer sus intereses. Tras la guerra sucia se agazapa el autoritarismo.
Lo cierto es que por lo que hasta ahora se observa, la nueva legislación no ha producido las campañas de propuesta y de contrastación argumentativa que suministren al electorado la información suficiente para el ejercicio de un voto razonado. Habrá quienes, después de la elección se manifiesten por la necesidad de una nueva reforma. Quienes reclamen la incorporación de nuevos preceptos a la ya de por sí sobrerregulación existente. Empero el problema, habremos de entenderlo algún día, la construcción de una sociedad democrática, la garantía de una democracia de calidad, no radica en los entresijos regulatorios de la legislación electoral, sino en la calidad cívica de los actores políticos, de los ciudadanos y de su compromiso con la democracia.
