El des-informe presidencial

Comentario difundido por XHUGP Radio Universidad 104.3, Puerto Vallarta, Jal.

En medio de las evocaciones al significado del 1 de septiembre, fecha en que por mandato constitucional el ejecutivo del estado debe entregar un informe de labores al congreso nacional, que en al antiguo régimen se consagraba a rendir pleitesía al soberano sexenal, hasta que en el ultimo informe de Miguel de la Madrid, tras el fraude electoral de 1988, la interpelación de Porfirio Muñoz Ledo y el posterior abandono de los legisladores del Frente Democrático Nacional, dinamitó de una vez y para siempre la sumisión de las cámaras legislativas hacia el gobernante el turno.

A partir de entonces, el día del informe transitó del salinista “ni los veo ni los oigo”, la reiteradas manifestaciones de oposición durante el zedillismo, hasta llegar al “entregas y te vas” de Fox, impedido de ingresar al salón del pleno, zaga inevitable al desaseado proceso electoral de 2006. En las últimas dos entregas, quien ocupa el sillón ejecutivo ni siquiera se ha presentado.

A diferencia de quienes opinan que la ausencia del presidente restaba lustre al significado del evento, desde mi punto de vista esta ausencia contribuye a la instauración, muy incipiente por cierto, del sistema republicano en México.

Me explico. Para el régimen presidencialista que durante el príato caracterizó al sistema político mexicano, el sometimiento del poder legislativo al presidente en turno era absolutamente indiscutible. Los senadores y diputados solamente existían para “aprobar” las iniciativas del ejecutivo. El primer descalabro a esta relación de subordinación, se dio durante el segundo trienio de Ernesto Zedillo al perder el PRI la mayoría en la cámara. Con el triunfo de Vicente Fox y la alternancia en la presidencia, se sentaban las bases para la transformación de las relaciones entre los poderes del estado y la factibilidad de llevar a cabo una profunda reforma del Estado. Empero, quienes desde entonces han ocupado el poder ejecutivo, no solamente han sido incapaces de impulsar tal reforma, sino que han pretendido restaurar el sistema de subordinación en las cámaras legislativas.

El mas reciente intento de Calderón, por restaurar el “día del presidente” anunciando la presentación de un informe en Palacio Nacional, al margen y previo a la instalación de la nueva legislatura emanada de las elecciones de 5 de julio, además de constituir una flagrante violación a la Carta Magna, manifestaba un profundo desprecio hacia quienes detentan la representación del pueblo de México. Impensable en otras épocas, el poder legislativo obligó a Calderón a respetar el texto constitucional.

De esta manera, el legislativo ubicó el evento del informe presidencial en su exacta dimensión. En su sentido original, el informe del presidente, no es otra cosa que la rendición de cuentas que un funcionario público, así sea el presidente, debe presentar a quienes son sus mandantes, es decir a los ciudadanos representados por los diputados y senadores.

Lo destacable entonces este 1 de septiembre, fue la instauración de una nueva legislatura, en la que su parte medular consistió en el posicionamiento de las fuerzas políticas. Resultaría muy importante que este modelo se consolidara. Sin embargo, habría que avanzar también en que la rendición de cuentas no se limitara a la entrega del informe escrito y a las denominadas “comparecencias” de los secretarios encargados de los distintos ramos, mecanismo utilizado por el viejo régimen y mantenido por los gobiernos panistas, para evitar cuestionamientos al soberano, perdón ejecutivo en turno.

Instaurar una sesión, similar a la que se realiza en los países democráticos, en la que posterior a la entrega del informe se presente el ejecutivo en persona a responder las preguntas y cuestionamientos de los representantes del pueblo. De esta manera, además de abonar a la república, alimentaríamos nuestra débil, raquítica e incipiente democracia.

Los diputados defraudan con boletos de avión

Comentario difundido por XHUGP Radio Universidad 104.3, Puerto Vallarta, Jal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de 2008, publicada por la Secretaría de Gobernación, solamente el 23% de los entrevistados manifestaron confiar en los partidos políticos, que los ubica como la institución que menos confianza inspira a los ciudadanos. Con respecto al Congreso el 7% indicó tenerle mucha confianza y un 28% reconoció tenerle alguna, es decir el 35% de los entrevistados. Sin embargo en otras encuestas, los senadores y diputados aparecen al fondo en la confianza ciudadana, por debajo de los sindicatos, los empresarios y la policía.

Entre otras cuestiones, fue precisamente esta falta de confianza hacia los legisladores por parte de los ciudadanos lo que incentivó el movimiento por la anulación del voto en el pasado proceso electoral. No solamente el ciudadano no se siente representado por quienes ocupan las curules en el congreso, sino que su comportamiento les provoca profunda desconfianza. Además de su fuero que los coloca por encima del imperio de la ley, existe la percepción generalizada entre los mexicanos, que los legisladores reciben una serie de privilegios que los coloca muy por encima del común de los mexicanos.

El caso del diputado plurinominal por el estado de Tabasco, Gerardo Priego, solamente confirma una vez más lo acertado de tales percepciones. En un acto inusual, pero absolutamente encomiable, el diputado reintegró a las finanzas del congreso del estado la cantidad de 827 mil 633 pesos derivados de un “saldo a su favor” por los cupones para boletos de avión que había recibido durante los últimos tres años. Debido a esta acción, nos enteramos que al margen de sus onerosas dietas, los diputados que residen en aquellas entidades cuya distancia supera los 300 kilómetros del distrito federal, reciben cada semana cuatro cupones canjeables por el mismo número de boletos de avión clase “Y”, la mas costosa de las tarifa aérea, durante los tres años que dura su ejercicio. Una investigación de El Universal encontró que la mayoría de los diputados cambiaban su boleto a clase “turista”, 70% más económica, embolsándose la diferencia. Por este concepto, de acuerdo al mismo diario, un diputado se lleva entre 10 y 50 mil pesos mensuales.

El gesto de Gerardo Priego pone al descubierto operaciones que caen en el terreno de la defraudación, al mismo tiempo que denuncia el encubrimiento del congreso hacia este tipo de prácticas que bordean los linderos de la corrupción entre sus miembros. Pero también, este despilfarro de recursos constituye un escándalo que se magnifica frente a la crisis económica y financiera en que se encuentra la economía nacional.

No puedo dejar de pensar en los 30 diputados de Jalisco. Todos se encuentran en condiciones similares a las del diputado Priego. Si tal fuera el caso y si cada uno de ellos reintegrara al presupuesto del congreso la cantidad de 800 mil pesos, se alcanzaría la suma de 24 millones. En caso contrario, resultaría un ejercicio muy plausible y que obtendría un amplio reconocimiento ciudadano, el que cada uno de los 30 justificara públicamente la manera en que dispuso del recurso. Particularmente aquellos que se distinguieron por sus ausencias a las sesiones de la Cámara como Luis Alejandro Rodríguez del PVEM y el panista Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, o los que se distinguieron por solicitar permiso como Raul Alejandro Padilla Orozco, y Alfredo Barba Hernández.

TV Azteca doblega al IFE

Comentario difundido por XHUGP Radio Universidad 104.3, Puerto Vallarta, Jal.

El objetivo principal que se buscó en la reforma electoral que en las pasadas elecciones recibió su bautizo de fuego, fue el de garantizar que existieran condiciones mínimas de equidad en el desarrollo de las contiendas electorales, particularmente en lo que se refiere a la presencia de los candidatos en los medios de comunicación electrónicos, en la que se estableció la prohibición a los institutos políticos para contratar publicidad lo que motivó una airada sublevación por parte de las televisoras, al quedar fuera al menos en lo que se refiera a la contratación de spots, del cuantioso presupuesto del que disponen los partidos para el desarrollo de las campañas.

En franca rebeldía a las disposiciones legales, Televisión Azteca, dejó de transmitir 5 mil 734 spots, de 30 segundos, que equivalen a 47 horas de transmisión, tiempo que la televisora dispuso para su comercialización. Por ello, sustentado en la violación de los artículos 75 y 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a los que había incurrido la televisora, la secretaría ejecutiva del IFE propuso sancionar a la empresa televisora con una multa de casi 63 millones de pesos.

Sin embargo, en días recientes, luego de una larga discusión y en una votación dividida, 5 consejeros a favor y cuatro en contra, el Consejo General aprobó una reducción de la multa de casi 41 millones de pesos, por lo que TV Azteca solamente pagará poco menos que 22 millones.

Esta resolución ha sido, entre muchas otras, la más desafortunada que ha emitido el actual Consejo. Con ella, no solamente ha desvirtuado el espíritu de la nueva legislación en su búsqueda por la equidad, derivada del efecto negativo que la falta de transmisión de los spots causaron a los partidos políticos; sino que ha mostrado una extrema debilidad ante una de las empresas que controla junto con Televisa, el espacio televisivo.

En Consejo General, con esta decisión, envía a los concesionarios de los medios electrónicos de comunicación, el pésimo mensaje de que violar la ley sale muy muy barato.

Televisión Azteca, por su parte, exhibe una vez más su prepotencia, cual poder fáctico que es, y su determinación de imponer sus intereses particulares, violentando cualquier legislación. Irónicamente, la televisora que proclama la defensa por las libertades de expresión, no tuvo empacho alguno en pisotear los derechos de expresión de los partidos políticos y el derecho a la información de su teleaudiencia.

2009: Ultima llamada

Publicado en el diario MURAL

Dice Joan Manuel Serrat que bienaventurados los que se encuentran en el fondo del pozo porque lo único que tienen por delante es subir. Tal vez la sentencia no ilustra de manera exacta la situación de nuestros representantes legislativos, pero casi. Luego de la regresión democrática experimentada en las elecciones de 2006, cuyas secuelas se manifiestan de manera persistente en una ruptura del tejido social que en lugar de atenuarse se profundiza y ensancha, la renovación de la cámara de diputados, representa algo así como la última llamada que la ciudadanía dirige al conjunto de la clase política para retomar el mandato democratizador que los ciudadanos votaron en las urnas en el 2000, mismo que la mezquindad de quienes conformaron el Congreso de la Unión y la incompetencia del régimen foxista relegaron en su agenda de prioridades y finalmente sepultaron en las elecciones de 2006.

Calificados como la institución que menos confianza le merece a los mexicanos, los candidatos a renovar la Cámara de diputados se han enfrentado a un amplio y extenso movimiento ciudadano que ha proclamado la anulación del voto como la forma contundente y extrema para exigir a los nuevos legisladores, cualesquiera que ellos sean, impulsar por los cauces institucionales, la transformación urgente e impostergable de nuestro sistema político.

Dicha transformación pasa necesariamente por el desmantelamiento, tanto en el marco jurídico como en el financiamiento, de una partidocracia que desde 1990 ha monopolizado los accesos a los cargos de representación política en detrimento de los derechos constitucionales del ciudadano. Erigida como un poder supra-ciudadano la partidocracia ha establecido un marco jurídico que si bien resulta inoperante para garantizar la equidad en las contiendas electorales, demuestra una amplia efectividad cuando se trata de poner a salvo los numerosos privilegios que ostenta. Uno de ellos, quizá el mas importante, es la cuantiosa suma que del presupuesto de la nación se destina para el financiamiento de sus actividades políticas. Merced a tales privilegios los partidos políticos han devenido en empresas de alta rentabilidad para sus dirigencias, las cuales para mantenerse en el presupuesto recurren a los mismos mecanismos clientelares que caracterizaron el proselitismo político del viejo régimen. Con tales características es entendible que la inmensa mayoría de los mexicanos no se identifique con ellos.

Mas allá de los resultados y de las características que asuma la nueva conformación de la cámara baja. Mas allá, incluso, del porcentaje obtenido por los sufragistas del voto nulo, los comicios del 5 de julio dejarán a los partidos políticos un conjunto de temas relacionados todos ellos con la viabilidad de la democracia mexicana, que son para decirlo en sus palabras, “de urgente y obvia resolución”.

Fundamentalmente, los partidos a través de sus representaciones legislativas, deberán impulsar un conjunto de reformas legislativas que restituyan los derechos políticos del ciudadano y contribuyan a su empoderamiento. De entrada restituir al ciudadano su derecho constitucional para votar y ser votado sin la obligación de subordinarse a ningún instituto político. Enseguida, incorporar las figuras del referendo y el plebiscito en la Constitución para garantizar la participación ciudadana en las decisiones sobre asuntos fundamentales para el país. Incluir en la legislación la revocación de mandato que haga posible la separación de aquellos funcionarios elegidos por el voto popular que no cumplan a satisfacción de los ciudadanos su encargo. Finalmente, devolver el sentido originario de representación política a los diputados elegidos por el voto directo y eliminar los legisladores plurinominales, que si bien en tiempos del “carro completo” priista posibilitaron el acceso a los partidos de oposición, hoy se ha convertido en el espacio en que se perpetúan las elites políticas, o peor aun, en la puerta de ingreso de emisarios de los poderes fácticos.

Si los partidos cumplieran con estas tareas, habrían dado un salto cualitativo en la construcción de nuestra muy –pero muy- incipiente democracia.

Nueva reforma, vicios antiguos

Artículo publicado en Mural

Luego de la experiencia traumática de las elecciones de 2006 que pusieron en crisis la legislación electoral y las instituciones responsables de su aplicación en los procesos electorales, que obligó a la reforma de la primera y a la recomposición del Consejo del IFE incluida la destitución del anterior presidente, se pensaba que los cambios realizados garantizaban que los procesos electorales por venir se desarrollarían en condiciones tales, que privilegiarían el debate democrático entre los diversos candidatos en un contexto de observancia a la ley y una competencia caracterizada por la equidad entre sus participantes. De ahí que la nueva reforma se enfocara expresamente a regular aspectos relacionados con el desarrollo de las campañas.

En efecto, el principal cambio en la legislación electoral, derivado de la importancia que los medios masivos desempeñan en las contiendas electorales, fue la definición de una estricta regulación sobre el acceso y la distribución de sus espacios publicitarios a los partidos: la administración por el IFE de la publicidad audiovisual utilizando el tiempo del Estado y la prohibición expresa a los partidos políticos de contratar publicidad en las empresas de medios. Además se recortaron sustancialmente los tiempos de campaña (60 días para elecciones federales legislativas) y se establecieron lineamientos precisos sobre las características de la publicidad gubernamental en tiempos de campaña.

Algunas consecuencias del impacto de esta legislación se advierten en el desarrollo de de las campañas en el actual proceso electoral. A pesar que resulta prematuro realizar una evaluación global, si se advierten algunas repercusiones sobre éstas.

Entre las positivas destaca que al impedir la contratación del espacio publicitario en los medios audiovisuales a los partidos políticos, se erradicó de la contienda mediática la spotización salvaje que inundaba los espacios publicitarios de los medios audiovisuales. Los tres minutos por hora, dedicados a los partidos, nada tiene que ver con la saturación de este tipo de mensajes, que en pasadas contiendas nos propinaban las empresas de medios. Otro aspecto positivo se deriva de la prohibición de colgar estandartes o posters en los postes y otros objetos del equipamiento urbano, erradicando la contaminación visual.

Sin embargo, los partidos, han resentido el impacto de la reforma. Despojados del control del espacio mediático publicitario, en el que centraban su estrategia de campaña, se han visto incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones y generar nuevas formas de comunicación política hacia los electores. Se observa el resurgimiento de las herramientas tradicionales. Las bardas y sobre todo los espectaculares dominan el campo de la comunicación visual. El perifoneo se hace presente en los barrios populares, pero también en las zonas residenciales mediante camionetas que portan sendos espectaculares. Los grupos de activistas, armados con trípticos, volantes y pegas se han multiplicado en las esquinas. Caravanas de escasos vehículos transitan desplegando las banderas por las vías más transitadas. Incluso algunos candidatos sensibles a las nuevas tecnologías y conscientes de su alcance masivo incursionan en el internet. Sea con páginas propias, que suelen ser visitadas solo por sus partidarios leales, sea, imitando a Obama en el uso las redes sociales como Facebook.

Lo que no ha cambiado a pesar de la prohibición expresa del artículo 233, es la irrupción de la propaganda negar como arma de campaña. A diferencia de la campaña de contraste e incluso de la publicidad negativa, que forman parte de la estrategia de comunicación, la guerra sucia que se materializa en libelos anónimos, en videos difundidos por la red o en desplegados periodísticos a plana entera, degrada irreversiblemente el nivel de la contienda política.

Utilizada extensivamente por el partido oficial en el viejo régimen priista, se ha convertido desde el 2006 en el arma preferida de los estrategas panistas. Pero también es el instrumento del fanatismo a ultranza que mediante la destrucción del otro, pretende imponer sus intereses. Tras la guerra sucia se agazapa el autoritarismo.

Lo cierto es que por lo que hasta ahora se observa, la nueva legislación no ha producido las campañas de propuesta y de contrastación argumentativa que suministren al electorado la información suficiente para el ejercicio de un voto razonado. Habrá quienes, después de la elección se manifiesten por la necesidad de una nueva reforma. Quienes reclamen la incorporación de nuevos preceptos a la ya de por sí sobrerregulación existente. Empero el problema, habremos de entenderlo algún día, la construcción de una sociedad democrática, la garantía de una democracia de calidad, no radica en los entresijos regulatorios de la legislación electoral, sino en la calidad cívica de los actores políticos, de los ciudadanos y de su compromiso con la democracia.

Zapopan o las pugnas intestinas de la partidocracia

Artículo de opinión publicado en Mural

Además de ser el segundo municipio en importancia en términos presupuestales del estado de Jalisco, de albergar las zonas residenciales de mayor plusvalía, Zapopan se ha convertido en el principal foco de la próxima contienda electoral, particularmente porque de 1995 a la fecha, ha experimentado gobiernos de alternancia de los dos partidos políticos “verdaderamente existentes” en el área metropolitana: el PAN y el PRI. Esto último ha propiciado que la designación de las candidatos a ocupar la alcaldía zapopana ha convertido los procesos internos de ambos partidos en virtuales guerras civiles, que más allá de algunas diferencias lo que se destacado son las enormes similitudes entre ambos organismos partidarios.

Para el priismo jalisciense Zapopan representa la oportunidad de arrebatarle la plaza al partido oficial, posibilidad absolutamente real si se atiende a la cuestionada y desastrosa administración del panista Sánchez Aldana. Pero no es esta posibilidad la qua ha desatado la lucha intestina entre los aspirantes del tricolor. La alcaldía de Zapopan representa para el priismo, la antesala al gobierno estatal (remember Zamora) en el 2012. Eso y no otra cosa explica la rebeldía de algunos aspirantes a someterse a la línea de la dirigencia estatal. El fracaso de la candidatura de unidad instrumentada por Javier Guízar pone al descubierto la fragmentación al interior del partido que se expresa en el registro de Raymundo Gómez Flores, Salvador Rizo Ayala y Héctor Vielma.

Para el panismo, Zapopan se ha convertido en una arena más en donde se dirimen las diferencias irreconciliables entre los “doctrinarios” de Ramírez Acuña y los “yunquistas” que se aglutinan en torno al gobernador. Confiados en la tendencia histórica del voto electoral favorable y conscientes de que el distrito X es el más panista del país, la pugna intestina que se registra entre sus aspirantes menos tiene que ver con conservar la presidencia del municipio, que con el fortalecimiento hegemónico de la corriente “paquista” al interior del partido en Jalisco. Aprovechando esta confrontación entre las principales corrientes, el casi extinto “grupo zapopan” irrumpe en la escena esperando convertirse en el “fiel de la balanza”. Es en este contexto donde se explica la “polarización” entre los cinco aspirantes al cargo: Guillermo Martínez Mora, cobijado por el gobernador, Raúl Alejandro Padilla del grupo doctrinario, Bernardo Guzmán del grupo Zapopan, así como los emergentes, con escasa o nula oportunidad, Salvador Cornejo y Martín García.

Parecería que en la actual disputa asoman nuevas formas de procesamiento político al interior de estos partidos. Una contienda “democrática” al interior del PRI y una “candidatura de unidad” en el PAN. Lo cierto es que la contienda interna el PRI se deriva de una transgresión a la disciplina partidaria y en el caso del PAN no son apariencias. Cada día se asemeja más al PRI.

Empero, más allá de estas luchas intestinas en la designación de quien presidirá el cabildo municipal, Zapopan llega a la hora de las urnas con serios problemas incubados en los últimos años, producto de la irresponsabilidad administrativa de alcaldes panistas y priistas, que amenazan con estallar, como el otorgamiento de licencias para la construcción de rascacielos multifamiliares que han colapsado ya, aún antes de su ocupación habitacional, en la zona en donde intersectan avenida Patria y Acueducto; la denuncia de corrupción de la administración municipal revelada por la encuesta de Profesionales de la Ética; el uso y abuso de la fuerza publica contra los comerciantes de Eva Briseño y los colonos de Royal Country y otros más.

De hecho, a los habitantes de Zapopan, incluido el que esto escribe, no les interesan los diferendos internos derivados de una partidocracia que ha monopolizado los canales de representación política y acceso de los ciudadanos al poder. La intervención de los zapopanos para definir el perfil del futuro gobernante es escasa, por no decir nula. Expulsados de los procesos de definición, los ciudadanos serán exclusivamente convocados este 5 de julio, a validar con el voto, lo que unos cuantos decidieron a sus espaldas.

Emilio, una propuesta indecorosa

Publicado en la sección Correo del Lector de PUBLICO

El 5 de febrero a las 19:53 se registró en mi contestadora una llamada que me causó cierta sorpresa.

“Que tal!, soy Emilio González gobernador de Jalisco. Si tú o un conocido tuyo tiene una empresa micro o pequeña les podemos apoyar con créditos para crecer o conservar los empleos. La economía en el mundo, en México y en Jalisco pasa por un momento difícil, por eso hoy como nunca estamos dando apoyo sin precedente: marca el 01 800 36 52 574, 01 800 36 52 574”.

Llamé al número telefónico que resultó ser de FOJAL. Con una rapidez poco frecuente en las oficinas de gobierno una señorita me atendió y después de preguntarme sobre el municipio desde donde llamaba, me informó que para la obtención del apoyo debía acudir a una plática informativa en las sus instalaciones lacalizadas en Chapultepec 140 2º. piso despacho 208. El monto del apoyo fluctúa de 5,000 a 100,000 pesos y las sesiones se ofrecen tres veces al día.

Si bien en esta ocasión la discrecionalidad con que el gobernador dilapida el presupuesto estatal en limosnas al clero y subsidio a los caciques del transporte toma como pretexto “apoyar a los micro y pequeños empresarios”, no deja de causarme cierto escozor el hecho de que en mi teléfono particular, el gobernador en propia voz, me ofrezca un apoyo económico. Mal pensado que soy, la llamada me sonó muy parecida a las añejas prácticas de compra de votos en los períodos electorales.

En palabras llanas el mensaje me pareció que me preguntaba: ¿Cuánto quieres por tu voto?

El Código Penal Federal en su artículo 403 fracción VI, tipifica como delincuente electoral a quien “solicite votos por paga, dadiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral”. ¿Será que la FEPADE se dé por aludida?