Publicado en el diario MURAL
Dice Joan Manuel Serrat que bienaventurados los que se encuentran en el fondo del pozo porque lo único que tienen por delante es subir. Tal vez la sentencia no ilustra de manera exacta la situación de nuestros representantes legislativos, pero casi. Luego de la regresión democrática experimentada en las elecciones de 2006, cuyas secuelas se manifiestan de manera persistente en una ruptura del tejido social que en lugar de atenuarse se profundiza y ensancha, la renovación de la cámara de diputados, representa algo así como la última llamada que la ciudadanía dirige al conjunto de la clase política para retomar el mandato democratizador que los ciudadanos votaron en las urnas en el 2000, mismo que la mezquindad de quienes conformaron el Congreso de la Unión y la incompetencia del régimen foxista relegaron en su agenda de prioridades y finalmente sepultaron en las elecciones de 2006.
Calificados como la institución que menos confianza le merece a los mexicanos, los candidatos a renovar la Cámara de diputados se han enfrentado a un amplio y extenso movimiento ciudadano que ha proclamado la anulación del voto como la forma contundente y extrema para exigir a los nuevos legisladores, cualesquiera que ellos sean, impulsar por los cauces institucionales, la transformación urgente e impostergable de nuestro sistema político.
Dicha transformación pasa necesariamente por el desmantelamiento, tanto en el marco jurídico como en el financiamiento, de una partidocracia que desde 1990 ha monopolizado los accesos a los cargos de representación política en detrimento de los derechos constitucionales del ciudadano. Erigida como un poder supra-ciudadano la partidocracia ha establecido un marco jurídico que si bien resulta inoperante para garantizar la equidad en las contiendas electorales, demuestra una amplia efectividad cuando se trata de poner a salvo los numerosos privilegios que ostenta. Uno de ellos, quizá el mas importante, es la cuantiosa suma que del presupuesto de la nación se destina para el financiamiento de sus actividades políticas. Merced a tales privilegios los partidos políticos han devenido en empresas de alta rentabilidad para sus dirigencias, las cuales para mantenerse en el presupuesto recurren a los mismos mecanismos clientelares que caracterizaron el proselitismo político del viejo régimen. Con tales características es entendible que la inmensa mayoría de los mexicanos no se identifique con ellos.
Mas allá de los resultados y de las características que asuma la nueva conformación de la cámara baja. Mas allá, incluso, del porcentaje obtenido por los sufragistas del voto nulo, los comicios del 5 de julio dejarán a los partidos políticos un conjunto de temas relacionados todos ellos con la viabilidad de la democracia mexicana, que son para decirlo en sus palabras, “de urgente y obvia resolución”.
Fundamentalmente, los partidos a través de sus representaciones legislativas, deberán impulsar un conjunto de reformas legislativas que restituyan los derechos políticos del ciudadano y contribuyan a su empoderamiento. De entrada restituir al ciudadano su derecho constitucional para votar y ser votado sin la obligación de subordinarse a ningún instituto político. Enseguida, incorporar las figuras del referendo y el plebiscito en la Constitución para garantizar la participación ciudadana en las decisiones sobre asuntos fundamentales para el país. Incluir en la legislación la revocación de mandato que haga posible la separación de aquellos funcionarios elegidos por el voto popular que no cumplan a satisfacción de los ciudadanos su encargo. Finalmente, devolver el sentido originario de representación política a los diputados elegidos por el voto directo y eliminar los legisladores plurinominales, que si bien en tiempos del “carro completo” priista posibilitaron el acceso a los partidos de oposición, hoy se ha convertido en el espacio en que se perpetúan las elites políticas, o peor aun, en la puerta de ingreso de emisarios de los poderes fácticos.
Si los partidos cumplieran con estas tareas, habrían dado un salto cualitativo en la construcción de nuestra muy –pero muy- incipiente democracia.
Dice Joan Manuel Serrat que bienaventurados los que se encuentran en el fondo del pozo porque lo único que tienen por delante es subir. Tal vez la sentencia no ilustra de manera exacta la situación de nuestros representantes legislativos, pero casi. Luego de la regresión democrática experimentada en las elecciones de 2006, cuyas secuelas se manifiestan de manera persistente en una ruptura del tejido social que en lugar de atenuarse se profundiza y ensancha, la renovación de la cámara de diputados, representa algo así como la última llamada que la ciudadanía dirige al conjunto de la clase política para retomar el mandato democratizador que los ciudadanos votaron en las urnas en el 2000, mismo que la mezquindad de quienes conformaron el Congreso de la Unión y la incompetencia del régimen foxista relegaron en su agenda de prioridades y finalmente sepultaron en las elecciones de 2006.
Calificados como la institución que menos confianza le merece a los mexicanos, los candidatos a renovar la Cámara de diputados se han enfrentado a un amplio y extenso movimiento ciudadano que ha proclamado la anulación del voto como la forma contundente y extrema para exigir a los nuevos legisladores, cualesquiera que ellos sean, impulsar por los cauces institucionales, la transformación urgente e impostergable de nuestro sistema político.
Dicha transformación pasa necesariamente por el desmantelamiento, tanto en el marco jurídico como en el financiamiento, de una partidocracia que desde 1990 ha monopolizado los accesos a los cargos de representación política en detrimento de los derechos constitucionales del ciudadano. Erigida como un poder supra-ciudadano la partidocracia ha establecido un marco jurídico que si bien resulta inoperante para garantizar la equidad en las contiendas electorales, demuestra una amplia efectividad cuando se trata de poner a salvo los numerosos privilegios que ostenta. Uno de ellos, quizá el mas importante, es la cuantiosa suma que del presupuesto de la nación se destina para el financiamiento de sus actividades políticas. Merced a tales privilegios los partidos políticos han devenido en empresas de alta rentabilidad para sus dirigencias, las cuales para mantenerse en el presupuesto recurren a los mismos mecanismos clientelares que caracterizaron el proselitismo político del viejo régimen. Con tales características es entendible que la inmensa mayoría de los mexicanos no se identifique con ellos.
Mas allá de los resultados y de las características que asuma la nueva conformación de la cámara baja. Mas allá, incluso, del porcentaje obtenido por los sufragistas del voto nulo, los comicios del 5 de julio dejarán a los partidos políticos un conjunto de temas relacionados todos ellos con la viabilidad de la democracia mexicana, que son para decirlo en sus palabras, “de urgente y obvia resolución”.
Fundamentalmente, los partidos a través de sus representaciones legislativas, deberán impulsar un conjunto de reformas legislativas que restituyan los derechos políticos del ciudadano y contribuyan a su empoderamiento. De entrada restituir al ciudadano su derecho constitucional para votar y ser votado sin la obligación de subordinarse a ningún instituto político. Enseguida, incorporar las figuras del referendo y el plebiscito en la Constitución para garantizar la participación ciudadana en las decisiones sobre asuntos fundamentales para el país. Incluir en la legislación la revocación de mandato que haga posible la separación de aquellos funcionarios elegidos por el voto popular que no cumplan a satisfacción de los ciudadanos su encargo. Finalmente, devolver el sentido originario de representación política a los diputados elegidos por el voto directo y eliminar los legisladores plurinominales, que si bien en tiempos del “carro completo” priista posibilitaron el acceso a los partidos de oposición, hoy se ha convertido en el espacio en que se perpetúan las elites políticas, o peor aun, en la puerta de ingreso de emisarios de los poderes fácticos.
Si los partidos cumplieran con estas tareas, habrían dado un salto cualitativo en la construcción de nuestra muy –pero muy- incipiente democracia.
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